El 2018, la empresa GTD Teleductos se reunía con la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt y la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi. En aquel entonces, la compañía presentaba sus planes para construir un cable submarino que uniera 12 ciudades del país de Arica a Puerto Montt, creando una red de 3.500 kilómetros de extensión.
En los planes de la empresa, se esperaba que el proyecto tardara dos años en su construcción. Si bien no hay información oficial de la compañía, el trazado y construcción del cable terminó a mediados de abril de este año. El cable permtirá sofisticar y fortalecer la red de la compañía, generando apoyo en caso de cortes en la fibra terrestre. El cable submarino Prat, ya está incluido entre los mapas de cables submarinos del mundo.
El conflicto judicial
Uno de los puntos de llegada del cable Prat es en La Serena, lugar en donde la empresa encontró adversarios. Esto porque el 2 de octubre, el Primer Tribunal Ambiental declaró admisible una acción judicial, interpuesto por un varios gremios de la pesca artesanal de la Región de Coquimbo, contra la compañía GTD Teleductos S.A. La acción se produce ante el posible daño ambiental que generó la construcción de esta red en la fauna del lugar. Desde notificada la empresa, esta tiene 15 días para presentar sus alegatos.
Según los querellantes, la instalación de la red generó, desde enero hasta ahora, tres varazones de machas en el mismo lugar donde fue instalado el cable, específicamente en la playa El Lápiz, lugar que se encuentra al norte de la desembocadura del Río Elqui en La Serena. “No cabe duda alguna de que en el sector donde se emplaza el proyecto de GTD, donde se encuentra el banco de manchas más productivo del país, ha generado un impacto ambiental”, reza la demanda de más de 70 páginas ingresadas al tribunal.
Los agremios además sostienen:
La actitud de GTD, en todo momento, no solo demostró hacia nuestros representados una falta de sensibilidad hacia una vida en torno al mar, la actividad pesquera y el recurso natural constantemente dañado, sino un incorrecto tratamiento en su preceder y forma de diálogo al trabajo de décadas de preservación y protección del recurso de los actores en la región.
Lo anterior, porque las organizaciones de pescadores acursaron a la empresa de no contar con los permisos a la hora de instalar el cable, además de que esta no se ha referido al daño causado en reuniones con las autoridades, así como tampoco a las posibles compensaciones. En esa línea, sostienen que GTD ofreció una propuesta económica de $300 millones.
En el requerimiento presentado ante el Primer Tribunal Ambiental, los gremios buscan el retiro absoluto del cable submarino de fibra óptica Prat, “de modo que se restablezca la calidad que tenían antes de la instalación de la red”, señalan.
