Mientras el proyecto de Ley de Roaming Automático Nacional avanza en su trámite legislativo, este ya genera controversia en las empresas. Para lo cual el gobierno pone paños fríos.
En diciembre del 2017, el aquel entonces Gobierno anunciaba ciertas pruebas pilotos que se llevarían a cabo para indagar los resultados de la aplicación de roaming nacional. El cual permite que nuestro teléfono se conecte a la red de una compañía con mayor señal en aquellos lugares donde mi servicio no tiene señal.
Cuatro meses atrás, el Gobierno ingresó, a través del Senado, un proyecto de Ley de Roaming Nacional (RAN), el cual permitiría a los usuarios contar con señal de otra compañía, únicamente en «zonas aisladas». Aquello implica que los concesionarios de red (Entel, Claro, Movistar y Wom) permitan el accesos entre sí y con las operadoras móviles virtuales (OMV), todo esto con una oferta factible y un reglamento fijado por la subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).
En la reciente comisión de Transporte y Telecomunicaciones, las empresas operadoras realizaron sus descargos y visión del proyecto. Si bien existe un consenso entre ellas respecto a la importancia del la ley, Entel y Movistar sostienen que como se encuentra actualmente el proyecto no garantiza que se cumpla el objetivo.
Lo anterior se debe principalmente a dos razones: no existe una definición de «zona aislada» y que el proyecto se fundamenta en una regulación inexistente en la actualidad.
Según explicó en la sesión el director de regulaciones y asuntos públicos de Movistar, Fernando Saiz, podría existir la posibilidad de que existan empresas «oportunistas» que no construyan sus propias redes y usen las de otros». Por lo que que cree que «un operador podría postular al concurso sin la construcción de ninguna red o al menos muy pocas, y contratar servicio roaming para el resto de sus operaciones y tener alcance nacional».
Algo similar sostiene el gerente de Asuntos Corporativos de Entel, Manuel Araya, quien se muestra positivo al proyecto, «pero no bajo el concepto que sea en la generalidad a nivel nacional porque inhibirá las inversiones», indica. Además el ejecutivo sostiene que esta situación ocurre porque el proyecto de ley se articula bajo un reglamento que no existe, por lo que genera mucha incertidumbre.
Las denominadas «zonas aisladas» no son indicadas o definidas en el proyecto de ley, por lo que «abre la puerta que localidades en Santiago puedan caber dentro de la cobertura de la normativa», a juicio de Araya. A lo que agregó:
«Pensando en 5G, si un solo operador invierte pondremos en peligro el modelo en Chile, porque sólo habrá una red y si se cae esa red, se cae todo».
Juicio que comparte la gerente de Sustentabilidad de Wom, Mariana Soto, quien también cree que no existe claridad ni certeza jurídica en el proyecto de ley, por lo que se da a entender que se puede aplicar a nivel nacional.
Patricio Núñez, gerente general de Virgin, señaló la importancia del reglamento que deberá establecer Subtel, ya que este regulará la relación de las OMV con las empresas dueñas de las redes -Entel, Claro, Movistar y Wom-.
Según Núñez la inexistencia de un reglamento generó situaciones como la salida del mercado de la telefonía de Falabella, ya que no se incentiva la entrada de nuevos actores. En 2019 la participación de las OMV se redujo a un 2% en el mercado nacional.
Pese a la controversia originada en la comisión, la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, dijo que no se está pidiendo, de ninguna manera, un mayor desembolso por parte de las empresas, sino que un uso eficiente de las redes en zonas aisladas.
A pesar de esto, la autoridad se mostró abierta a perfeccionar las incertidumbres de la normativa, pero defendió la creación del reglamento por parte de Subtel, ya que este permitiría un rápida actualización en caso de nuevas tecnologías. «El reglamento no cambiará las condiciones del mercado porque la competencia lo ha regulado, sino que beneficiará a las zonas en que esto no ha ocurrido», señaló Hutt.
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