El incumplimiento de WOM en el despliegue 5G y el proyecto de Fibra Óptica Nacional ha generado preocupación y acciones por parte de las autoridades chilenas.
El incumplimiento de WOM en el despliegue de la tecnología 5G y el proyecto de Fibra Óptica Nacional (FON) ha generado preocupación y acciones por parte de las autoridades chilenas. La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado ha decidido oficiar al Gobierno para obtener detalles sobre el estado de cumplimiento de la empresa en relación con los concursos de asignación de las bandas de frecuencia 700 MHz, AWS y 3,5 GHz, así como del proyecto de Fibra Óptica Nacional.
Además, se ha solicitado información sobre los procesos infraccionales correspondientes a WOM y el inicio del proceso de cobro de las boletas de garantía de la compañía por su incumplimiento en el despliegue de FON, que debía comenzar a prestar servicios en agosto de 2023. Asimismo, se busca obtener información sobre el incumplimiento de WOM en los proyectos 5G y las fechas de inicio de los procesos de cobro de las boletas de garantía en relación con estas concesiones.
El posible pago de hasta USD$50 millones por el incumplimiento de WOM en los concursos 5G resalta la gravedad de la situación para la empresa. Es importante esperar la respuesta del Gobierno y las acciones que se tomen en relación con estos incumplimientos.
A pesar de los esfuerzos de WOM para detener el cobro de las boletas y argumentar las razones detrás de su incumplimiento en el proyecto, las acciones legales emprendidas por la compañía no han tenido éxito hasta el momento. La Corte de Apelaciones rechazó la solicitud de la operadora para congelar las boletas y analizar a fondo las razones que impidieron el cumplimiento del proyecto más allá del plazo establecido.
WOM ha manifestado su intención de no rendirse y está considerando las acciones pertinentes para resolver los procesos administrativos y judiciales pendientes tanto ante la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) como en la propia Corte. La empresa continúa defendiendo su postura, destacando la presentación oportuna de los casos de fuerza mayor relacionados con sitios dependientes de entidades públicas, que aún están pendientes de resolución por parte de Subtel.
El desarrollo de estos procesos legales y administrativos seguirá siendo un punto de interés clave, ya que determinará las responsabilidades y posibles sanciones para WOM en relación con el incumplimiento de los proyectos.
Según la explicación proporcionada por WOM, el proyecto de Fibra Óptica Nacional (FON) ha enfrentado una serie de desafíos en diferentes macrozonas, lo que ha generado retrasos significativos en su implementación. En el norte, el principal obstáculo ha sido la realización de trabajos de tronaduras por parte de la Dirección de Vialidad del MOP entre Tocopilla y Michilla, que ha afectado la infraestructura de fibra en un tramo de 30 km. La empresa indica que no ha podido iniciar la reparación debido a la continuación de estos trabajos, que se extenderán hasta junio de 2024.
En cuanto a otras macrozonas, WOM señala que en la Región Metropolitana y en la región de Valparaíso se ha avanzado en la fiscalización de las obras de FON, mientras que en la Región de Coquimbo este proceso está en curso. En la macrozona centro sur, los incendios forestales y hechos de violencia han obstaculizado el despliegue de la infraestructura, especialmente en la zona entre Tirúa y Contulmo. En la macrozona de Arica, los hallazgos arqueológicos en la zona de Camarones han retrasado la instalación de equipos, a la espera de la coordinación entre entidades pertinentes.
WOM afirma que ha presentado y sustentado todos estos problemas ante Subtel en varias ocasiones, pero aún está a la espera de respuestas y acciones por parte de la autoridad. Respecto al proyecto 5G, la empresa destaca su extenso despliegue que abarca 337 comunas desde Arica hasta Punta Arenas, superando ampliamente a la totalidad de antenas desplegadas por otros operadores en conjunto. WOM enfatiza la necesidad de una coordinación eficiente entre entidades públicas para agilizar los procesos de los permisos, ya que los largos tiempos de trámite dificultan la implementación de proyectos de infraestructura.
