A pesar de ser una llamativa iniciativa, el debate tiene variadas posiciones sobre los "neuroderechos" que podrían aprobarse en Chile por primera vez en el mundo.
En 2018 David Mzee (36) se puso de pie y caminó pequeñas distancias ayudado de un andador ortopédico. Eso, a pesar de que años atrás se había roto su cuello lo que le provocó lesiones espinales que lo dejaron sin caminar. ¿Cómo logró volver a caminar? Con tecnología en su cerebro. A Mzee se le implantaron unos chips de electrodos puestos debajo del cráneo en el área motriz de la corteza cerebral.
EL 2016, el excéntrico multimillonario, Elon Musk, fundó Neuralink. Se trata de una star-up de neurociencia que busca abrir la puerta a la «cognición súper humana», como la define Musk. En concreto, la compañía busca implantar un dispositivo en el cerebro humano el que permitiría ayudar a curar enfermedades como el alzhéimer o lograr que personas con enfermedad neurológicas puedan controlar equipos tecnológicos. Incluso, guardar externamente nuestros recuerdos pasándolos a un computador u otros cuerpos.
Ambos casos anteriores son sólo dos ejemplos de las nacientes «neurotecnologías». Aquellas que podríamos definir como «un campo de la ciencia y la ingeniería en el que se exploran y desarrollan métodos que permiten interconectar el sistema nervioso con dispositivos técnicos», según un artículo del científico Thomas Stieglitz.
De dichos trabajos que vinculan la tecnología con nuestro cerebro, podríamos decir que obtendremos «neurodatos», los que obviamente podrían trabajarse como cualquier otro dato. De esta discusión muy previa y poco concreta -por ahora- es que se desprende la discusión de los «neuroderechos».
En 2017 el neurocientífico español Rafael Yuste, junto a otros académicos de la Universidad de Columbia, escribieron publicaciones que planteaban sus preocupaciones y la necesidad de darle una relación ética a los desarrollos tecnológicos y a la manera en la que estos se relacionan con el cerebro humano. A partir de ahí comenzó la discusión respecto a los neuroderechos en Europa, Estados Unidos y más avanzado en Chile.
Yuste se ha convertido en el principal expositor e impulsor de esta contienda a nivel mundial. El neurocientífico, incluso, propone que estos neuroderechos deberían estar al nivel de los Derechos Humanos, lo que demuestra la importancia que este pone en la discusión. De hecho, él mismo ha participado en las discusiones legislativas en Chile.
Durante su participación en el Congreso chileno, Yuste aseguró que estos derechos neuronales «definen, por primera vez en la historia, la identidad mental como un derecho que no puede ser manipulado y que de cualquier intervención, por motivos de salud, debe estar regulado legalmente».
No podemos encontrar una definición exacta, hasta ahora, para los neurderechos, ya que aún no son reconocidos. Si bien existen artículos que hablan de estos, no son conceptualizados. Por ahora, podríamos decir que son las intensiones de proteger a las personas de posibles peligros de las «neurotecnologías», que las definíamos en el apartador anterior.
El 7 de octubre del 2020 fueron ingresados -simultáneamente- dos proyectos de ley por un grupo transversal de senadores (as) con el objetivo, aparente, de proteger el cerebro y las eventuales vinculaciones con la tecnología.
El primer proyecto se trata de una reforma a la constitución que buscara integrar entre las garantías de la actual carta fundamental la protección de la integridad mental frente al avance de las neurotecnologías. El segundo se trata de un proyecto de ley, con el fin de hacer operativo los cambios introducidos por la reforma constitucional, que propone cómo proteger una nueva etapa de los derechos humanos, los «neuroderechos» ante las amenazas tecnológicas y posibles intervenciones no consentidas.
Este segundo requerimiento legislativo propone seis nuevos derechos: el derecho a la privacidad mental, a la identidad y autonomía personal, libre albedrío y a la autodeterminación, al acceso equitativo a la aumentación cognitiva y finalmente a la protección de sesgos de algoritmos o procesos automatizados de toma de decisiones.
En simple, el proyecto alude al derecho a la privacidad de estos «neurodatos», a la identidad personal y la autodeterminación, a la igualdad frente al aumento de la capacidad cerebral y al control de los sesgos de los algoritmos.
Según el senador Guido Girardi, principal impulsor de la iniciativa, estos proyectos buscan darle a los datos mentales el mismo estatus de los órganos para evitar que alguien puede traficar con ellos. «La reforma constitucional es para establecer la integridad del cerebro humano y que nadie puede intervenirlo ni pueda violar sus autonomía, porque la mente es el espacio en donde reside la libertad y el libre albedrío de los seres humanos», asegura Girardi ante la Agencia Anadolu.
Incluso, los proyectos han recibido el apoyo y valoración de parte del Alto representante de la Alianza Civilizaciones de la ONU, Miguel Moratinos, quien sostiene que “la iniciativa del Senado de Chile debe ser, no solamente aplaudida y apoyada, sino que debe servir de modelo para ser trasladada a los demás países del mundo y entre todos conseguir el objetivo de incorporar estos neuroderechos en la Declaración Universal de los derechos humanos, a través de mecanismos o protocolos que pueden adherirse o complementar los actuales artículos y compromisos”.
Si bien en la comunidad científica, al menos en la que participó en la discusión, existe cierto consenso de la necesidad de avanzar en esta materia, no pasa lo mismo con el área legal. En un artículo, la Fundación Datos Protegidos califica los proyectos de ley como un «avance cuestionable», los cuales «parten de la premisa errada de que se requiere una protección nueva y especial para los neuroderechos».
Para el proyecto de reforma constitucional, las autoras del artículo sostienen que la, aún vigente, Constitución chilena «ofrecía suficientes garantías». La actual Carta Magna en su Artículo 1º ofrece la garantías absolutas al «derecho a la vida y a la integridad física y psíquica», por lo que el nuevo proyecto «debilita este derecho al incorporar dos excepciones: el consentimiento y la ley». Por ende, la reforma incorpora excepciones a los derechos que ya estaban consagrados en la Constitución, ya sea por un consentimiento de la propia persona o de una próxima ley que estableciera los requisitos de tal limitación. Abriendo la puerta a aquello que la misma ley busca defender.
Respecto al proyecto de ley que incorpora los nuevos derechos, Datos Protegidos asegura que la «incorporación de un ‘nuevo’ derecho, abre la discusión sobre la intervención forzosa, mediante la incorporación de una serie de excepciones». Finalmente, concluyen que los proyectos «lejos de ofrecer soluciones a problemas inexistentes, genera riesgos reales e innecesarios». Además, piden enfocarse en leyes como la de protección de datos personales que descansa en el Congreso desde 2017 que podría ayudar no sólo a la protección de los «neurodatos», sino que también a los datos personales de las personas ante las tecnologías actuales.
Misma opinión tienen varios expertos a través de una columna en CIPER Académico, quienes sostienen que el proyecto «busca proteger persistentes amenazas a los derechos humanos de las personas por medios equivocados». Los académicos aseguran que los derechos a los que se refiere el proyecto ya son identificables en nuestra legislación, por ende los neuroderechos «serían redundantes porque son reconducibles a derechos constitucionales ya asegurados: el derecho a la privacidad, el derecho a la integridad psíquica y el derecho a la integridad física».
En conclusión, el proyecto de ley buscaría cautelar de nuevas amenazas los mismos derechos humanos que existen. El derecho afectado no cambiaría, sino más bien la forma en que estos podrían ser violados. Por ejemplo, los derechos a la privacidad apuntan a un mismo objetivo desde siempre, sin embargo las formas en que ese derecho puede ser violados van a cambiar según el tiempo y los métodos que se utilizan a medida que avanzan las tecnologías.
Otra arista abordada por quienes critican el proyecto, es respecto a legislar sobre algo que no existe. Ante eso, la doctora e investigadora del Centro de Derecho Informático de la Universidad de Chile, Danielle Zaror Miralles, asegura: «que se trate de un proceso legislativo pionero no parece una justificación suficiente, porque parece imposible destinar recursos públicos a prevenir conductas inexistentes y se arriesga a rigidizar una visión que podría ser superada por el avance tecnológico». Básicamente lo que pasó con la ley de Delitos Informáticos de 1993 que quedó obsoleta antes de producir algún efecto.
Zaror agrega que «tanto la reforma constitucional como el proyecto de ley apuntan en lo fundamental a evitar la posibilidad de invasiones no consentidas a la privacidad mental, que no existen en Chile y no se ha probado que existan en ninguna otra parte del mundo», agregando que el proyecto no define los organismos públicos que deberán cautelar la aplicación de la ley, quienes fiscalizarán ni quienes estarán sujetos a esta normativa, concluye la doctora.
A todo lo anterior se suma la discusión de base respecto a la fundamentación del proyecto y la forma filosófica de ver la separación del cuerpo y mente. Así como también el trabajo fundamental de más de 75 años respecto a los Derechos Humanos y que abordarían las posibles violaciones que se introducen con las nuevas formas basadas en estas tecnologías.
El pasado 21 de abril, el Senado aprobó de forma unánime el proyecto de reforma constitucional al Artículo 1º. En su paso por la Cámara de Diputadas y Diputados se agregaron indicaciones al proyecto proveniente del Senado. Debido a las diferencias, este debió pasar nuevamente por la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado, quienes rechazaron las modificaciones y dio paso a una Comisión Mixta.
El proyecto de reforma constitucional se encuentra apoyado por el Gobierno y cuenta con urgencia de «discusión inmediata», lo que ha acelerado el proceso. Ahora, se debe conformar la Comisión Mixta que discuta hasta su despacho el proyecto y lo deje listo para su promulgación.
En cuanto al proyecto de ley que introduce la serie de «neuroderechos» va etapas más atrás. Con urgencia simple, el proyecto se discute actualmente en la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado, quienes tienen plazo para presentar sus indicaciones. Posterior a eso se debiese discutir en la sala para luego despacharlo a la Cámara de Diputadas y Diputados. Lugar en el que se deberá discutir y de ser aprobado pasar a ley. Si existen discrepancias, vuelve al Senado y puede pasar a Comisión Mixta, mismo camino que la reforma constitucional.
¿Qué te parece estos proyectos de ley?
