La Contraloría General de la República aprobó el reglamento de la “Ley Uber”, permitiendo su implementación tras tres intentos previos. Esta normativa regulará el funcionamiento de plataformas como Uber, DiDi y Cabify, estableciendo requisitos formales para empresas, conductores y vehículos.
La ley comenzará a regir 30 días después de su publicación en el Diario Oficial. Posteriormente, se abrirá un proceso de inscripción de seis meses, seguido por una congelación del registro durante 18 meses para evaluar su funcionamiento. Los conductores con licencia clase B tendrán un año para obtener la licencia profesional, o serán eliminados del registro.
El gremio Alianza In, que agrupa a estas aplicaciones, manifestó su preocupación por la falta de diálogo con el Gobierno y anticipó que recurrirá a instancias judiciales e internacionales. Acusan que el reglamento excede las facultades legales, impone exigencias desproporcionadas y pone en riesgo la privacidad de usuarios y conductores al requerir datos sensibles como geolocalización e historial de viajes.
Desde la industria advierten también un impacto laboral significativo: hasta 40 mil conductores podrían quedar fuera por los nuevos requisitos. Además, señalan que ya existen estándares de seguridad internos superiores a los exigidos, como el reconocimiento biométrico.
