El despliegue de servicios de banda ancha móvil en América Latina y el Caribe enfrenta desafíos para incrementar la cobertura en zonas rurales y alejadas de centros urbanos. El informe “Modelos innovadores en la compartición de Infraestructura” de 5G Americas destaca la compartición voluntaria de infraestructura como una herramienta positiva para mejorar el acceso en áreas previamente desatendidas.
Esta práctica facilita la conectividad en zonas remotas, brindando servicios de alta calidad y velocidad, lo que, a su vez, permite el desarrollo de diversos servicios estatales como educación, salud y seguridad. El informe también analiza experiencias de compartición de infraestructura en países como Brasil, Chile, Colombia y Perú, así como ejemplos globales en Dinamarca, Finlandia y el Reino Unido.
Modelos innovadores en la compartición de Infraestructura
En el informe podemos ver temas relacionados con la evolución que han tenido las redes móviles y cómo han madurado en América Latina y el Caribe.
A este cambio se le suma que el despliegue de redes de conectividad requiere de un esfuerzo en la industria, particularmente para poder desarrollar tecnologías que garanticen altas velocidades de acceso como LTE Avanzado y 5G. En América Latina y el Caribe, existían para julio de 2023 unas 129 redes LTE y 28 redes 5G. Según los datos de OMDIA publicados por 5G Américas, para final de 2022 existían 536 millones de líneas LTE, y se proyectaba que los servicios 5G alcanzarán alrededor de 400 millones de conexiones para 2027.
Evolución de conexiones por tecnología en América Latina y el Caribe 2023-2027
También se habla de cómo Chile comparte sus redes móviles entre diferentes operadores en zonas remotas, lo que nosotros conocemos como Roaming Automático Nacional (RAN).
Este sistema establece a los operadores la obligación de compartir sus redes para ampliar la conectividad en las zonas aisladas o rurales. La iniciativa tiene por objetivo facilitar el acceso a servicios móviles (voz, SMS y banda ancha móvil) a los usuarios de 3.200 localidades rurales a nivel nacional. De esta manera, se busca mejorar los servicios y competencia existente en esas zonas.
El informe también habla sobre cómo Tigo y Movistar firmaron un acuerdo para poder desarrollar una red compartida de acceso móvil en Colombia.
Colombia cuenta con un marco regulatorio que facilita la compartición de infraestructura pasiva, regulado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Esta comisión tiene la facultad de regular el acceso y uso de instalaciones esenciales como postes, ductos y torres. En 2013, el Ministerio TIC estableció condiciones de uso compartido de redes para operadores móviles en la licitación de espectro 4G, fomentando la eficiencia en el uso de recursos e infraestructura.
Tigo y Movistar, tras ganar espectro 4G, llevaron a cabo un acuerdo de compartición de infraestructura activa, permitiendo un despliegue más rápido de servicios 4G. En junio de 2023, firmaron un memorándum de entendimiento para crear una nueva compañía que despliegue una red de servicios móviles 5G, buscando mejorar la eficiencia, calidad y velocidad de cobertura. El acuerdo busca beneficiar a más de 35 millones de usuarios, alcanzando el 85% de la población con servicios de banda ancha móvil y alineándose con los objetivos de inclusión digital del gobierno colombiano. El acuerdo también tiene como objetivo promover la productividad, la innovación y la competitividad, así como fortalecer la cobertura de servicios en todo el país y mejorar la calidad en más de 700 municipios.
En resumen, estudio analiza las condiciones de la compartición voluntaria de infraestructura activa y pasiva en la región. Comienza con una descripción y análisis de la situación del mercado de servicios móviles, condiciones geográficas y urbanas en América Latina y el Caribe. Luego, presenta un marco conceptual para acuerdos de compartición, desglosando formatos y describiendo beneficios potenciales.
El informe examina casos de estudio a nivel regional e internacional, con enfoque en Brasil, Chile, y Colombia, así como experiencias en Dinamarca, Finlandia y el Reino Unido. Se revisan políticas regulatorias, destacando la importancia del Contrato entre Privados, su impacto en la competencia y el mercado, y los incentivos del Estado para la compartición.
Se aborda la figura del Operador de Red Neutral Rural como una alternativa relevante, y se exploran buenas prácticas internacionales y recomendaciones de políticas. El estudio concluye con las lecciones aprendidas y las perspectivas para el desarrollo de la compartición voluntaria de infraestructura en la región.
Puedes descargar el PDF con el informe completo en el siguiente enlace:
Vía Comunicado de Prensa – 5G Americas
