La UE pretende convertirse en un líder global en el desarrollo seguro de la IA y esta legislación busca proporcionar un equilibrio entre la innovación y la protección de los derechos fundamentales.
La Unión Europea (UE) se convierte en la primera región en regular de manera completa el uso de la inteligencia artificial (IA). Después de tres días de intensas negociaciones, los Estados miembros y el Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo provisional sobre un texto final que aún debe ser ratificado. La normativa busca garantizar que los sistemas de IA utilizados en la UE sean seguros y respeten los derechos fundamentales y valores europeos.
El reglamento tiene como objetivo establecer un marco legal para el desarrollo de la IA en la UE, asegurando su seguridad y respetando los derechos fundamentales. La normativa será un estándar para otras regiones y proporcionará certeza legal y técnica a ciudadanos y empresas. Incluye un sistema de sanciones, la creación de una Oficina de IA supervisada por la Comisión Europea, y un panel científico y de la sociedad civil para asesoramiento.
Entre los puntos más debatidos se encuentra la regulación de los modelos de IA generativa (como ChatGPT) y los sistemas de vigilancia biométrica. La normativa prohíbe varios sistemas de vigilancia biométrica, como la categorización biométrica por creencias políticas o religiosas, el reconocimiento de emociones en el trabajo y la educación, y el social scoring. Se permitirá la vigilancia biométrica en tiempo real en espacios públicos con restricciones y salvaguardias estrictas.
En cuanto a la regulación de la IA generativa, se establecen criterios de transparencia y la obligación de especificar si un contenido fue generado por inteligencia artificial. La normativa no prohíbe su uso, pero impone salvaguardas más estrictas para los modelos de alto riesgo.
La UE pretende convertirse en un líder global en el desarrollo seguro de la IA y esta legislación busca proporcionar un equilibrio entre la innovación y la protección de los derechos fundamentales. Si es ratificado, se espera que la ley entre en vigor hacia finales de 2026.
