En septiembre del 2012, un grupo de senadores de la época ingresó un proyecto de Ley sobre Velocidad de Internet Garantizada. Tras años de discusión, finalmente el 2017 la iniciativa fue aprobado, pero ese no era el final de esa larga historia. La nueva normativa establecía que la subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) debía generar dos reglamentos para que esta ley se aplicara.
A finales del 2018 en Pisapapeles te contamos de lo detenida que encontraba la implementación de la «nueva» normativa. Finalmente, cuando terminaba el 2019, la Subtel ingresó el reglamento que creaba el organismo fiscalizador, a cargo de un privado, respecto al cumplimiento de las velocidades. Junto con establecer lo que se entendía por banda ancha y las velocidades que esto comprendía.
Como Subtel es la encargada de presentar los reglamentos para el funcionamiento de la ley, estos debe ser revisados (Toma de Razón) por parte de la Contraloría General de la República. (CGR). En marzo del 2020 la Asociación de Telefonía Móvil (Atelmo) presentó su primera impugnación ante el organismo fiscalizador por el reglamento que generaba las bases para licitar el organismo técnico independiente, el encargado de las mediciones. Solicitud que frenó el proceso.
Finalmente, en julio la CGR acogió los argumentos de Subtel y desestimó lo presentado por el asociación que agrupa a las empresas Entel, Movistar, Claro, GTD, Telesur, Mundo y VTR. Sin embargo, sólo un mes después el mismo grupo de empresas volvió a presentar un requerimiento ante Contraloría, nuevamente por el reglamento ya aprobado y además agrega la normativa técnica que acaba de ingresar Subtel.
Hasta ahora, Contraloría no ha resuelto lo que pasa con ambas impugnaciones que realizó Atelmo. Pero además de eso, la misma agrupación presentó un requerimiento ante el Consejo para la Transparencia (CPLT), esta vez sosteniendo que Subtel ponía en peligro el cuidado de los datos de los usuarios. Proceso que retrasa, al igual que lo presentado en la CGR la implementación de la ley.
La comisión del Senado
Debido a la evidente y complicada situación, la comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado, citó a la sesión del pasado miércoles a las partes involucradas. Reunión que fue presidida por su presidente, Juan Pablo Letelier, quien sostuvo: «todo indica que es un fracaso hasta ahora», haciendo referencia a la ley.
El legislador además, aseguró que durante la tramitación de dicha la ley, se acordó con las empresas este modelo de fiscalización, aunque él «era partidario de que fuera el Estado quien los fiscalizara y no un organismo independiente», señaló.
Luego de la intervención de Letelier, fue el turno de la subsecretaria, Pamela Gidi, de presentar la postura del Ejecutivo. Durante su presentación, Gidi, mostró los diferentes hitos e impugnaciones que ha tenido la ley de parte de las empresas que deben aplicarls, todas ellas agrupadas en Atelmo.
A pesar de eso, la subsecretaria Gidi aseguró que implementar esta ley «está dentro de mis objetivos, la voy a sacar adelante». Finalizando su presentación la autoridad anunció los pasos que vienen, entre los que destaca la adjudicación del organismo que medirá las velocidades, esto durante el segundo trimestre. Para finalmente comenzar a implementarla el tercer trimestre de este año.
Respecto a la implementación de la ley, al terminar su presentación Gidi aseguró:
«Va a pasar y va a pasar este año»
Pamela Gidi, subsecretaria de Telecomunicaciones.
La defensa de las empresas
Luego de haber presentado la subsecretaria Gidi, fue el turno de las empresas agrupadas en Atelmo, representadas por Alfie Ulloa, su presidente Ejecutivo. Durante su exposición, el ejecutivo presentó una serie de puntos que son los que, a su juicio, se deben corregir antes de aprobar los reglamentos. Además de sostener que la normativa «debe dejar claro cuales son las responsabilidades de los proveedores y de los usuarios».
Según la presentación, Atelmo sostiene que el organismo técnico debe ser completamente independiente, no visado por las empresas ni Subtel. Además, que el financiamiento de este, el cual deben hacerse cargo las empresas, sea sostenible y con costos razonables. Por otro lado, que las mediciones de este sean «validas» y «creíbles», ya que asegura que los usuarios podrían medir en diferentes condiciones la velocidad y de esa forma no representaría lo realmente entregado por la empresa. «No queremos que se le cargue a las empresas responsabilidades que no le corresponden», sostuvo Ulloa.
Finalmente, argumentó que las mediciones no deben afectar la red, ni la seguridad de la información sensible de las compañías. Además, el grupo de empresas sostiene que está en riesgo los datos de los usuarios. Hecho descartado tanto por la Subtel y la comisión, quienes aseguran que dicho argumento no corresponde porque es algo ya resuelto.
Al terminar la exposición de Atelmo, la subsecretaria Pamela Gidi tomó la palabra y replicó los argumentos de la asociación, sosteniendo que es imposible de opinar sobre sus requerimientos ya que «ahora están cuestionando hasta cómo quedó escrita la ley».
¿Qué pasará entonces?
«¿Desde cuándo el regulador tiene que llegar a acuerdos con la industria?», de esta manera Letelier comenzó a finalizar la discusión de ese punto durante la comisión. Quien además asegura que de no solucionarse esta situación lo más pronto posible, entonces tendrá que comenzar a tramitar una nueva normativa, teniendo una intervención más importante del Estado en la fiscalización de las empresas.
Si bien el senador no clarificó en qué consistía la propuesta, Gidi pidió plazo hasta terminar esta semana para llegar a un acuerdo con Atelmo y que estos «se comprometieran a no impugnar más el reglamento o la ley», ya que de no ser así sostiene entonces se tendrá que evaluar lo propuesto por el senador.
Dicha propuesta correspondería a la creación de una superintendencia de Telecomunicaciones, la que sería la encargada de fiscalizar a las empresas como ocurre en otros organismos de similares características.
¿Qué te parece toda la discusión respecto a esta ley?
