El aumento exponencial de los delitos relacionados con el robo de cables durante el año 2022 ha dejado un saldo alarmante: más de 60 delitos al día y más de dos millones de personas desconectadas. Este fenómeno delictivo, que involucra el vandalismo y la extracción de cobre de los cables, afecta directamente a todos los ciudadanos y se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos en la actualidad.
Las bandas criminales y el crimen organizado no solo se limitan a robar cables, sino que también vandalizan la infraestructura de telecomunicaciones y electricidad, elementos vitales para las actividades diarias de las personas. Estas bandas se desplazan a través de las distintas regiones del país para evadir a las autoridades policiales. Además, las chatarrerías ilegales se han convertido en un foco de interés para los delincuentes, ya que incentivan la extracción y el transporte de cobre.
Rodrigo Mena, country manager de SUMA móvil Chile, explica que el proceso del robo de cables es una cadena organizada que involucra intermediarios y distintas etapas. Desde el individuo que corta un cable pensando que contiene cobre, hasta los puertos donde se exporta el material hacia países como China y Corea del Sur, que tienen una alta demanda de este recurso.
En puertos como Arica, Antofagasta y San Antonio, se han decomisado toneladas de cobre que se reducen en el mercado negro antes de ser exportadas. Es necesario tomar medidas urgentes para contrarrestar esta situación.
Soluciones mediante alianzas y colaboraciones
Durante el año 2022, según datos de Telefónica, se registraron más de 22,000 robos de cables, lo que afectó directamente a personas, hogares, empresas e instituciones que quedaron desconectadas.
Para abordar esta problemática, se están implementando soluciones como la recolección de cobre y cables en desuso de las calles, así como la promoción y masificación de la fibra óptica en lugar del cobre, ya que el aluminio es un material de menor valor. Aunque esta medida no resulte beneficiosa para el negocio en Chile, es una acción necesaria en estos momentos, según detalla Mena.
Estos cables son responsables de suministrar servicios básicos de internet y electricidad, lo que impacta en el correcto funcionamiento de semáforos, iluminación, consultorios, bancos, instituciones estatales y otros servicios esenciales.
Rodrigo Mena destaca la importancia de la colaboración a través de mesas de trabajo que involucren a las empresas de telecomunicaciones, la policía, los municipios, el gobierno y la sociedad en general para contrarrestar esta situación. La dependencia de estos servicios en nuestra vida diaria requiere un enfoque integrado y coordinado.
Además, desde el Congreso se está trabajando en una legislación más precisa y en el endurecimiento de las penas de cárcel. Recientemente, se han realizado avances en el Senado para aumentar las sanciones por el robo, hurto y recepción de cables de telecomunicaciones. También se está evaluando la ampliación de la legislación actual, que se limita principalmente a la telefonía, para abarcar el ámbito de las telecomunicaciones en su conjunto, incluyendo equipos y dispositivos.
¿Cuál es tu opinión sobre las medidas propuestas para combatir el robo de cables y proteger la conectividad en nuestra sociedad?
