El 1 de septiembre de este año un grupo transversal de senadores y senadoras presentaron un proyecto de ley para «regular las plataformas digitales». El proyecto de boletín Nº 14561-19 fue firmado por los senadores Francisco Chahuán, Juan Antonio Coloma, Alfonso De Urresti, Guido Girardi y la senadora Carolina Goic.
El proyecto, que se encuentra en primer trámite constitucional, «tiene por objeto regular la situación de las plataformas de servicios digitales en Chile, así como de los usuarios de ellas». Y su normativa se «aplicarán a todas aquellas plataformas digitales que direccionan específicamente su contenido al país, que por este solo hecho quedarán regidas por ella», reza el mismo documento.
Mediante una carta enviada a la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, donde se analiza la iniciativa, la Global Network Initiative (GNI) mostró su preocupación por el proyecto. La GNI es un organismo internacional compuesto por académicos, organizaciones y compañía del área y que tienen como objetivo apoyar la libertad de expresión y la privacidad en los sectores de las tecnologías y la libertad de expresión.
Si bien la organización reconoce el compromiso e interés por la preocupación de los daños que podrían provocar las plataformas digitales, que es lo que busca regular el proyecto, presenta sus inquietudes. A juicio de la GNI, las presiones del proyecto pueden «distorsionar el ambiente de información en línea y poner en riesgo los derechos a la libertad de expresión y privacidad en Chile».
La misma institución califica al proceso como «apresurado para introducir este proyecto de ley, sin tomar en cuenta la consulta de expertos por parte de la comisión».
Los argumentos
A juicio de la GNI, las obligaciones establecidas en el proyecto son «vagas y excesivas«. Según la organización el proyecto pone mucha presión a las plataformas digitales, ya que estas estarían obligadas a monitorear de manera invasiva las cuentas de los usuarios para identificar el contenido ilegal y de esa manera evitar las multas por el hecho de no hacer cumplir la posible ley.
Ante eso la GNI cita una serie de artículos del proyecto para explicar su posición, considerando que la disposición representa «ambigüedad legal y riesgos para las compañías son reforzados por una infinidad de obligaciones respecto a la moderación de contenido». La organización agrega que las propuestas vagamente descritas dificultarían a las empresas a implementar la medida.
Por otro lado, el proyecto de ley describe las plataformas que estarían sujetas a las medidas, «toda infraestructura digital cuyo propósito es crear, organizar y controlar, por medio de algoritmos y personas, un espacio de interacción donde personas naturales o jurídicas puedan intercambiar información, bienes o servicios», señala el proyecto. Para la GNI aquello puede incluir a servicios de infraestructura, buscadores, páginas de Internet, servicios complementarios o incluso comercio electrónico, editores independientes o blogueros.
Libertad de expresión digital
El Artículo 6 del proyecto establece los conceptos que las plataformas pueden restringir respecto a la «liberta de expresión digital», como la califica la iniciativa. GNI señala que los conceptos no abarcan todas las posibles vulneraciones digitales y que aquello podría marginar a grupos ya desfavorecidos. Además de que «al reducir el rango de expresión aceptable en el espacio digital, pero que sigue siendo legal en forma analógica, la ley corre el riesgo de tener posibles impactos discriminatorios», señalan en la carta.
A juicio de la organización, el estándar excesivamente alto de la ley hace que el proyecto limite aún más la capacidad de moderación de las plataformas. Finalmente, suma críticas respecto a los conceptos de transparencia, debido proceso digital y protección de datos que establece el proyecto, el cual incluye un derecho a «desactivar los programas», lo que la GNI califica como «vago y poco realista de aplicar en plataformas».
En conclusión, la Global Network Initiative señala que «cualquier regulación de este debe estar fundada en el marco del derecho internacionales de los derechos humanos y centrarse en articular estándares apropiados para los sistemas y prácticas de las compañías».
Si bien reconoce los principios, la organización recomienda que cosas «complejas requieren una consideración mucho más rigurosa y detallada que la que se presenta actualmente». Lo anterior porque la GNI advierte que un régimen de responsabilidad estricta y obligaciones de moderación de contenido vagas y significativas, podrían poner en deterioro la libertad de expresión digital.
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