Las llamadas de cobranza extrajudicial en Chile volverán a verse como llamadas normales en el celular. Con la nueva modificación publicada por Subtel tras el fallo de la Corte Suprema, estas comunicaciones dejan de estar obligadas a usar los prefijos 600 y 809, que se habían implementado para identificarlas ante el usuario.
Qué cambió
Hasta ahora, la normativa obligaba a distinguir ciertos contactos telefónicos mediante numeración especial. La idea era que el usuario pudiera reconocer si se trataba de una llamada comercial, no solicitada o vinculada a cobranza.
Con el cambio, las empresas que realizan cobranza extrajudicial ya no deberán marcar con esos prefijos, por lo que el teléfono las mostrará como números regulares. Eso borra una capa de identificación que había sido creada precisamente para reducir la confusión con spam y publicidad.
Por qué se dio marcha atrás
La Corte Suprema acogió un amparo económico presentado por el retail financiero y concluyó que la cobranza extrajudicial no puede tratarse como un “servicio complementario” de telecomunicaciones. Bajo ese criterio, la Subtel tuvo que ajustar la norma y dejar fuera este tipo de llamadas del sistema de prefijos especiales.
En términos simples, el tribunal consideró que no era una comunicación publicitaria masiva, sino una gestión directa entre acreedor y deudor.
Qué implica para el usuario
Para la persona que recibe la llamada, el cambio significa menos señales visuales para distinguir una cobranza de otro tipo de comunicación. Si antes el prefijo ayudaba a anticipar el contenido o bloquear el contacto, ahora la llamada se mezclará con el resto de números habituales.
Eso no elimina los límites legales sobre cobranzas: siguen existiendo reglas sobre frecuencia, horario y forma de contacto. Pero sí hace más difícil reconocerlas de inmediato desde el identificador del teléfono.
Lo que sigue vigente
Aunque desaparecen los prefijos, las empresas de cobranza todavía deben respetar las normas de tiempo y cantidad de contactos. Es decir, el cambio afecta la forma de identificación, no la existencia de límites regulatorios sobre la cobranza extrajudicial.
