Imagínense un Chile donde el Internet fluye como el agua; donde todos, sin importar dónde viven o cuánto ganan, pueden abrir su laptop y zambullirse en el amplio mundo del ciberespacio. Suena bien, ¿no? Pues esa es la promesa detrás de la nueva ley que declara el Internet como servicio público. Pero, entre nosotros, ¿es realista pensar que esta ley transformará mágicamente la conectividad en Chile?
El jueves pasado, en Renca, se celebró la promulgación de la Ley de Internet como Servicio Público. Allí estaba todo el espectro político, desde parlamentarios hasta dirigentes sociales, todos aplaudiendo lo que se ha vendido como la panacea digital. Y sí, sobre papel, la ley es un hito: promete fiscalización más estricta, subsidios para las familias necesitadas y sanciones más duras para las empresas que jueguen chueco. Pero ¿se convertirá en más que palabras bonitas en un documento oficial?
Vamos por partes. La ley dice que las empresas de telecomunicaciones deberán extender su cobertura a todos los rincones de sus zonas de servicio. ¿Pero qué pasa con aquellos lugares a los que ninguna empresa quiere llegar porque simplemente no les resulta rentable? Ahí es donde debería brillar el subsidio a la demanda, ese mecanismo que promete ayudar a pagar la cuenta de Internet a las familias más vulnerables, al estilo de lo que ocurre con la electricidad y el agua potable.
Aquí surge la pregunta crítica: ¿cómo se implementará este subsidio? Los detalles aún están en el aire, esperando ser definidos en esos famosos reglamentos que siempre parecen estar «en desarrollo». Mientras tanto, las familias en las zonas más remotas siguen colgadas de la señal que a veces llega y a veces no.
Además, esta ley suena maravillosa en teoría, pero ¿cuánto tardaremos en ver cambios reales? Es fácil declarar el Internet como un derecho básico, pero asegurar que cada chileno tenga acceso a una conexión decente es otra historia. Y no solo estamos hablando de tirar cables y levantar antenas. ¿Qué hay de la calidad del servicio? ¿Y si la conexión es tan lenta que ni siquiera puedes ver un video en YouTube sin que se corte?
Y, mientras nos prometen cielos digitales despejados, no podemos olvidar el terreno minado que es la infraestructura actual. Robos, vandalismo, y un montón de desafíos técnicos que hacen que mantener una red sea tan difícil como entrenar gatos para que hagan malabares. Sin mencionar que ahora con la ley, se espera un aumento significativo en las demandas hacia las empresas para que mejoren sus servicios. Esto podría ser bueno para el consumidor, pero también podría traducirse en precios más altos mientras las empresas intentan cubrir los costos de una regulación más estricta.
Hablemos claro: el verdadero cambio viene con la ejecución, no solo con la legislación. Pongamos el foco en la promesa de que las empresas de telecomunicaciones extenderán su cobertura de manera uniforme, incluso en zonas que históricamente han sido olvidadas. ¿Cómo se asegurará el gobierno de que esto se cumpla sin que las empresas pasen los costos adicionales directamente a los consumidores? Aquí es donde el papel de la fiscalización de Subtel será crucial. Pero ¿tiene Subtel los recursos y la capacidad para manejar esta responsabilidad gigantesca?
Otro punto clave es la velocidad de Internet. No basta con que llegue a cada rincón de Chile, necesita ser rápido y confiable. Un Internet lento en 2024 es como un carro sin ruedas: bonito, pero no te lleva a ninguna parte. La ley promete mejor supervisión y gestión de recursos, pero ¿cuáles son las medidas concretas para garantizar que las velocidades prometidas no sean solo números en un papel?
La ley también abre la puerta a cooperativas de Internet, permitiendo que grupos comunitarios puedan autoabastecerse de conectividad. Esta es una de las ideas más innovadoras, porque democratiza el acceso a Internet y potencialmente baja los costos. Sin embargo, se necesita más que una mención en la ley para hacer esto una realidad. Se requieren programas de apoyo, asistencia técnica y financiera para que estas cooperativas puedan despegar y sostenerse.
Finalmente, no olvidemos el impacto de esta ley en la reducción de la brecha digital económica. La creación de subsidios es un paso en la dirección correcta, pero su éxito dependerá de cómo se implementen. ¿Serán suficientes para cubrir una parte significativa de los costos de Internet para las familias vulnerables? Y más importante aún, ¿cómo se ajustarán estos subsidios a medida que cambian las circunstancias económicas de las personas y los precios del mercado?
La ley de Internet como servicio público podría ser un cambio de juego para Chile, pero solo si los reglamentos y la implementación están a la altura de las promesas hechas. No basta con celebrar la promulgación de la ley; los próximos meses serán cruciales para determinar si esta iniciativa realmente cumple con su objetivo de hacer del Internet un derecho básico accesible para todos.
