Estados Unidos ha dado un giro drástico en su estrategia contra el cibercrimen internacional, ya que esta semana el presidente firmó un memorando que permitirá a diversas empresas privadas del país participar en operaciones ofensivas que autorizan los hackeos a ciberdelincuentes extranjeros.
Con esta inédita medida, estas compañías especializadas podrán infiltrarse sigilosamente en las redes enemigas para obtener valiosa inteligencia, e incluso ejecutar acciones directas destinadas a manipular, interrumpir o destruir por completo la infraestructura y los datos utilizados por estos grupos criminales que operan impunemente fuera de sus fronteras.
Sin embargo, esta importante iniciativa no significa que cualquier compañía pueda responder por su cuenta atacando directamente a sus agresores de forma independiente, puesto que el nuevo programa estará estrictamente administrado por el Centro Nacional de Coordinación y todas las misiones se realizarán por cuenta del gobierno, operando siempre bajo la supervisión legal del Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional.
Básicamente, las entidades autorizadas se convertirán en una extensión controlada de las capacidades defensivas del Estado, evitando así la aparición de cibervigilantes autónomos que actúen al margen de la ley.
Las nuevas reglas para los hackeos a ciberdelincuentes a nivel internacional
El documento oficial diferencia claramente entre dos tipos de maniobras permitidas, comenzando por las operaciones de cibervigilancia que facilitarán el acceso silencioso a los sistemas de los objetivos para recopilar información de forma encubierta, preparando así el terreno para futuros movimientos estratégicos.
Por otro lado, el segundo nivel abarca las operaciones de efectos cibernéticos, las cuales son considerablemente más agresivas al permitir la destrucción de redes físicas controladas digitalmente o la eliminación total de la información que los piratas informáticos utilizan para administrar sus servidores clandestinos.
Para participar en estas delicadas misiones, las agencias federales tendrán un plazo de 60 días para establecer rigurosos requisitos de competencia técnica, exigiendo a las firmas privadas mantener una fianza de al menos un millón de dólares para garantizar el cumplimiento de sus contratos.
Límites territoriales y salvaguardas de protección ciudadana
Este programa ofensivo únicamente podrá dirigirse contra aquellas organizaciones delictivas transnacionales que utilicen medios cibernéticos para cometer fraudes contra los ciudadanos o los intereses estadounidenses, excluyendo teóricamente a los grupos que formen parte institucional de un gobierno extranjero.
Sumado a esto, se han establecido vitales salvaguardas legales que obligan a detener inmediatamente cualquier maniobra si la empresa descubre que está afectando accidentalmente a un ciudadano norteamericano o a una infraestructura local, quedando totalmente prohibidas las operaciones que puedan provocar lesiones graves o que alcancen el nivel de un ataque armado según las estrictas normas del derecho internacional.