La compañía de telecomunicaciones Claro Chile presentó oficialmente una demanda contra WOM y el Fisco de Chile con el propósito de solicitar la nulidad absoluta del reciente acuerdo pactado entre ambas partes, un documento que estableció nuevos plazos y condiciones para que su competidor lograra completar el despliegue del proyecto 5G comprometido tras las licitaciones del año 2021.
Según la información revelada por el Diario Financiero, esta importante acción judicial también apunta directamente hacia el Consejo de Defensa del Estado, desencadenando un complejo escenario legal que podría reconfigurar por completo el mapa de las telecomunicaciones en el mercado nacional.
Los argumentos comerciales tras la demanda contra WOM
En su presentación ante la justicia, Claro sostiene de manera tajante que la transacción otorgó a su rival unas condiciones “ineditamente beneficiosas” y vulneró los principios básicos de la contratación pública al extender las fechas límite y modificar las exigencias originales.
La empresa argumenta que resultó gravemente perjudicada puesto que quedó fuera de la adjudicación de la codiciada banda de 3,5 GHz en 2021, cuestionando además que las autoridades no hayan ejecutado íntegramente las boletas de garantía comprometidas por su competidor, cuyo valor superaba el 1.100.000 Unidades de Fomento (UF).
Por todos estos motivos técnicos y legales, la firma pidió la nulidad de derecho público del acuerdo, de la resolución del Ministerio de Hacienda que lo aprobó y del respectivo contrato de transacción celebrado con el Fisco.
Si esta agresiva acción prospera en tribunales, se busca que la Subsecretaría de Telecomunicaciones inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para evaluar de inmediato la caducidad de sus concesiones, considerando que el pacto cuestionado fijó como hitos obligatorios completar el 90% del proyecto técnico pendiente al 30 de septiembre y alcanzar su totalidad para el 31 de diciembre.